La justicia de Florida emitió una orden de arresto contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles ocurrido en 1996, un episodio que durante tres décadas marcó el punto más álgido de la confrontación entre Cuba y Estados Unidos. La medida se suma a una acusación federal presentada meses atrás y reabre un caso que nunca había alcanzado a una figura de tan alto rango dentro del régimen cubano.
El ex dictador cubano, de 95 años, enfrenta ahora cargos a nivel estatal por conspiración para cometer asesinato en primer grado, además de los cuatro cargos de homicidio y las acusaciones de conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves que ya pesaban sobre él desde mayo.
El 24 de febrero de 1996 ocurrió el hecho que originó el caso: aviones de combate cubanos derribaron dos avionetas civiles desarmadas de la organización Hermanos al Rescate sobre el estrecho de Florida, en un ataque que mató a sus cuatro ocupantes y que, según la Organización de Aviación Civil Internacional, se produjo fuera del espacio aéreo cubano.
Tres aeronaves Cessna de Hermanos al Rescate despegaron ese día desde Florida en una misión rutinaria. Dos de ellas fueron alcanzadas por misiles disparados desde cazas MiG-29 cubanos entre las 15:21 y las 15:27 horas. Una tercera, pilotada por el propio fundador del grupo, logró escapar.
Las víctimas fueron Carlos Costa, Armando Alejandre, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales. Tres eran ciudadanos estadounidenses de origen cubano y el cuarto residía legalmente en el país. Sus cuerpos nunca fueron recuperados.
José Basulto, fundador del grupo y piloto que sobrevivió al ataque, relató a BBC Mundo el momento en que vio caer a sus compañeros: "Hubo un momento en el que miro hacia la derecha y veo el humo, en la distancia, del derribo de una de las avionetas, e inmediatamente miro a Sylvia Iriondo y le digo: los próximos somos nosotros". Basulto aseguró que las aeronaves se encontraban "en aguas internacionales, al norte de La Habana" cuando fueron atacadas, una versión respaldada por la Organización de Estados Americanos y por la Organización de Aviación Civil Internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló además que los pilotos no recibieron advertencias previas antes del ataque.
Hermanos al Rescate fue fundada en mayo de 1991 por José Basulto, exiliado cubano, piloto y veterano de Bahía de Cochinos. Según la organización, su creación se produjo después de que la adolescente cubana Gregoria Pérez Ricardo muriera por deshidratación severa mientras cruzaba el estrecho de Florida huyendo de la isla.
El grupo surgió en el contexto del Período Especial, la crisis económica que golpeó a Cuba tras la caída de la Unión Soviética y que derivó en apagones, escasez de alimentos y la crisis de los balseros de 1994, cuando miles de cubanos intentaron llegar a Estados Unidos por mar. "De pronto, todo el mundo empezó a buscar cualquier cosa que flotara para tratar de llegar a Florida", explicó a BBC Mundo el historiador y ex diplomático cubano Juan Antonio Blanco.
En sus inicios, los pilotos de Hermanos al Rescate localizaban embarcaciones precarias y transmitían su posición a la Guardia Costera estadounidense. "Tratábamos de encontrarlos, marcar su posición y dársela al servicio de guardacostas de Estados Unidos para que los rescatara", indicó Basulto al mismo medio.
Con el tiempo, el grupo amplió sus actividades a sobrevuelos sobre territorio cubano y al lanzamiento de panfletos contra el régimen de Fidel Castro. "Dejaron de hacer aquello que decían que querían hacer, que era ayudar a salvar balseros, y se pusieron a entrar en el espacio aéreo cubano y a lanzar octavillas sobre La Habana", indicó a BBC Mundo el politólogo cubano Carlos Alzugaray. Cuba calificó entonces a sus miembros de "terroristas", una acusación que Basulto rechaza: "Para ellos era terrorismo porque las octavillas que lanzábamos tenían la Declaración Universal de Derechos Humanos y eso estaba prohibido en Cuba".
El historiador Blanco sostiene que Fidel Castro fue el responsable político de la operación, mientras que Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas, actuó como ejecutor directo. Blanco describe el ataque como "una emboscada preparada por Fidel Castro" y afirma que "sabía de antemano quiénes eran los que iban a volar ese día, cuáles eran las avionetas que iban a volar y la ruta que iban a tomar".
Esa información habría llegado a La Habana a través de Juan Pablo Roque, un ex militar cubano infiltrado en Hermanos al Rescate que vivía en Miami bajo una identidad falsa. Un día antes del derribo, el régimen cubano lo trasladó de regreso a la isla vía México, donde más tarde se reveló su papel como agente encubierto.
Una grabación de la época, filtrada en 2006 y cuya veracidad fue confirmada por periodistas, expertos y exfuncionarios cubanos exiliados, recoge la voz de Raúl Castro instruyendo la operación: "Decía que traten de tumbarlos arriba del territorio, pero ellos entraban en La Habana y se iban (...) Bueno, túmbenlos en el mar cuando se aparezcan". Se considera que ese audio podría constituir una prueba relevante en el proceso judicial abierto contra el ex dictador.
Cuba siempre sostuvo que el derribo ocurrió dentro de su espacio aéreo y que respondía a una amenaza real para su seguridad nacional. Fidel Castro asumió públicamente la responsabilidad del operativo y afirmó haber ordenado a las Fuerzas Armadas derribar aeronaves que violaran el espacio aéreo cubano.
El entonces representante cubano ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Bruno Rodríguez Parrilla, aseguró que Cuba contaba con pruebas de que las avionetas se encontraban en su espacio aéreo y que habían recibido advertencias previas. Días después, el entonces canciller cubano Roberto Robaina González acusó a Hermanos al Rescate de planear sabotajes contra una refinería de petróleo y atentados contra líderes cubanos.
El politólogo Alzugaray matiza que, aunque "no hubo un acto de terrorismo per se", considera que "entrar en el espacio aéreo cubano desafiando las reglas y las normas es una acción que prácticamente linda con el terrorismo". El historiador Blanco ofrece una lectura distinta y vincula el ataque con el contexto diplomático de la época: meses antes existían contactos discretos entre funcionarios cubanos y estadounidenses para explorar una eventual normalización de relaciones de cara a la reelección de Bill Clinton.
"Fidel Castro quiso sabotear la perspectiva de una apertura y normalización de relaciones que le había ofrecido la presidencia de Clinton", afirma Blanco, quien interpreta el derribo como una "emboscada política" destinada a impedir cualquier acercamiento posterior entre ambos gobiernos.
El derribo de las dos avionetas provocó la mayor crisis entre Cuba y Estados Unidos desde la Guerra Fría. El entonces presidente Bill Clinton condenó el ataque "en los términos más enérgicos" y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la resolución 1067, que condenó el uso de armas contra aeronaves civiles en vuelo.
Pocos días después del incidente, Clinton promulgó la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana, conocida como ley Helms-Burton, que endureció significativamente el embargo estadounidense contra la isla y estableció que cualquier levantamiento parcial de las sanciones debía ser aprobado por el Congreso. La norma impidió además levantar el embargo mientras Fidel o Raúl Castro formaran parte del Gobierno cubano y habilitó demandas en tribunales estadounidenses contra empresas extranjeras que se beneficiaran de propiedades confiscadas tras la revolución de 1959.
El Congreso de Estados Unidos calificó entonces el derribo como una "violación flagrante y bárbara del derecho internacional" y lo equiparó a "un asesinato a sangre fría". La entonces embajadora estadounidense ante la ONU, Madeleine Albright, condenó además los comentarios de los pilotos cubanos captados por radio tras el ataque: "Francamente, esto no es cojones. Esto es cobardía".
El historiador Blanco señala que Clinton también evaluó una respuesta militar directa. "La otra alternativa que le presentaron fue bombardear la base de San Antonio, de donde habían salido los MiG. Pero prefirió no hacerlo y optó por apretar las clavijas económicas", afirma. Cuba nunca ofreció compensación a las víctimas, que finalmente fueron resarcidas por el Gobierno estadounidense con 93 millones de dólares provenientes de activos congelados del régimen cubano.
